INTERVENCIÓN LEONESISTA A PROPÓSITO DEL
PLANTEAMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CONFLICTO EN DEFENSA DE LA
AUTONOMÍA LOCAL.
Desde
la Unión del Pueblo Leonés consideramos que a estas alturas y una vez consumado
el ejercicio del rodillo parlamentario por el Partido Popular resulta
procedente que, por parte de las distintas opciones políticas, se platee la
inconstitucionalidad de esta norma que recortará derechos de los ciudadanos sin
producirse el ahorro anunciado a bombo y platillo por el gobierno.
Cuestión
distinta es la de si son o deben ser los municipios los que utilicen este
mecanismo de acceso al Tribunal Constitucional. Desde UPL podríamos estar de
acuerdo en que sean los municipios los que combatan la ley constitucionalmente pero
conllevará gastos y la mayor parte de los municipios tenemos una situación
económica más que delicada.
En
UPL consideramos necesaria una nueva normativa sobre la financiación local que
permita a los Ayuntamientos tener una certeza sobre los ingresos que van a recibir
y los servicios que deben prestar. La mayor parte de los Ayuntamientos y
Diputaciones prestan servicios impropios,
algunos para hacer crecer las administraciones que gobiernan y conseguir más
votos y otros porque no han sido capaces o no han querido quitárselos de encima.
Centrándonos
en cuestiones puntuales de la reforma, a título de ejemplo, nos hablan de un ahorro de más de 8.000 millones de euros pero con esta reforma
podremos ver a Alcaldes de esta Comunidad Autónoma, de ciudades y pueblos arruinados, subirse el sueldo al
mismo tiempo que veremos Juntas Vecinales y pequeños ayuntamientos sin deudas y
cuyos miembros no cobran nada que se disolverán porque, simplemente, no puedan
llevar a cabo el trámite burocrático de presentar su contabilidad en el soporte
informático que establezca el Ministerio o la Consejería de turno.
Es decir, todo lo
que se nos vende como un ahorro en realidad es todo lo contrario, va a suponer
un sensible incremento del gasto público. Si por un lado vemos como los pequeños
municipios se quedan sin competencias sustanciales y como se establecen
mecanismos de tutela y control en su gestión; a la vez vemos como pueden
establecerse sueldos que antes no tenían o incrementos en los ya existentes,
totalmente fuera de lugar.
Los municipios son una pieza clave, sobre todo en
provincias como las nuestras que su dispersión hace que los ayuntamientos y
entidades locales sean fundamentales para acercar y dar servicios a los
ciudadanos. Y aunque en un primer momento pudiéramos creer que determinadas
competencias podrían ser ejercidas de forma centralizada, comarcal o
provincialmente, todos sabemos que nadie viene a sacarnos las castañas del
fuego, que si hay una fuga en nuestro pueblo viene a arreglarla el pedáneo o el
concejal de turno y que si eso lo tuviera que hacer la Diputación lo haría a
través de una empresa, privatizando el servicio del que sería adjudicatario el “empresario amigo” de turno,
encareciendo el precio y afectando negativamente a la prestación del servicio.
Uno
de los aspectos más sangrantes es el que atañe a nuestras Juntas Vecinales.
Debemos dejar claro que con
la regulación planteada por el Gobierno de España, las Entidades Locales
Menores tal y como hoy las conocemos van a integrarse en la organización
municipal y carecerán de personalidad jurídica como se establece en el artículo
primero- siete del anteproyecto, dejando las existentes en el momento de
aprobarse la Ley como unos entes anómalos condenados a desaparecer tal y como
establece la Disposición Adicional 9ª.
Con esta medida el Estado español y por tanto el
conjunto de las administraciones públicas vamos a ahorrar cero euros, ya que,
los miembros de las Juntas Vecinales no cobran dinero por trabajar para su
pueblo.
Hay infinidad de aspectos son sustancialmente
mejorables en la norma y desde UPL consideramos necesario mejorarlos como también
consideraríamos necesario denunciar la inconstitucionalidad de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, pactada por el Partido
Popular y el Partido Socialista de Castilla y León, en un ejercicio de
incompetencia sin precedentes.
A título de ejemplo, cuando en su artículo 38
establece el procedimiento de constitución de las Mancomunidades de Interés
Rural, veremos que habrá numerosos municipios que una vez incluidos por el PP y
el PSOE en una unidad básica de ordenación podrá ser incluido finalmente en la
Mancomunidad de Interés General contra su voluntad, atentando contra el
principio de autonomía local.
Pero como ya hemos dicho en infinidad de
ocasiones, desde UPL esperamos que nunca llegue a aplicarse esta Ley absurda y
que “se da de tortas” con la norma estatal y porque el pacto inicial en las
Cortes entre PP y PSOE parece tambalearse ahora que se acercan las elecciones.
