Un modelo «nefasto, precario y abusivo», con ritmos de trabajo elevados y sin control que han disparado la siniestralidad laboral y las bajas, y han puesto también en evidencia que algunos trabajadores no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Salarios de unos 700 euros por más de ocho horas de trabajo, despidos para quienes acudan a los sindicatos y renuncia a sus derechos de cooperativistas para los que buscan nuevas alternativas laborales. Son las condiciones laborales de los alrededor de 300 empleados de la reconstruida Embutidos Rodríguez, según denunció ayer el sindicato CC OO, que adelantó que llevará ante la Inspección de Trabajo a la empresa.
A pesar de la ayuda recibida de los sindicatos y las administraciones tras el incendio sufrido por la compañía cárnica en mayo de 2016, el sindicato denuncia que sus gestores sólo se han movido en esta etapa por la «avaricia y la usura, evitando los costes de las cotizaciones», según explicó ayer Juan Manuel Ramos, vicesecretario de Política Sindical de CC OO de Castilla y León. Por lo que el sindicato denuncia también la «permisividad» de la Junta de Castilla y León, ya que se han incumplido acuerdos alcanzados en la Fundación Anclaje, que determinó las condiciones de ayuda para el resurgimiento de la empresa. Entre ellas, un nuevo modelo de relación laboral que no se basara en el cooperativismo. Algo que también se ha incumplido, denuncian los sindicalistas.
Ramos lamentó que los trabajadores «no puedan alzar la voz, porque son despedidos»; pero señaló que el sindicato tiene constancia de un ritmo de trabajo «sin control ni organización» que provoca accidentes laborales y bajas. Accidentes que han puesto en evidencia que las altas en la Seguridad Social no se producen en algunos casos en el momento de comenzar el empleo, sino días más tarde. También denunció que frente a este ritmo frenético de trabajo «las retribuciones económicas son ridículas, unos 700 euros, en muchos casos no alcanzan ni los mínimos del convenio».
Además, si alguno de los trabajadores busca un nuevo camino laboral se le obliga a «renunciar a todos sus derechos como cooperativista». Y este es otro de los puntos en los que el sindicato está dispuesto a mostrarse más combativo. «El acuerdo firmado en la Fundación Anclaje, incluso un documento de las grandes industrias agroalimentarias, señala que el modelo de trabajo asociado que se plantea es precario, ya que acarrea la absoluta desprotección de los cooperativistas. Algo que se puso de manifiesto en el acuerdo firmado para ayudar a la empresa». Ramos recuerda que tras el incendio que destruyó la fábrica los empleados quedaron «en el más absoluto desamparo. Fue la iniciativa sindical, liderada por CC OO, la que les ha ayudado. Ahora no tiene sentido que se reproduzca un modelo que no sólo se ha mostrado como ineficaz en el sector, sino al que se renunció en el acuerdo de la Fundación Anclaje». Pero la empresa Servicarne no ha cumplido este punto, según CC OO.
«Es hora de reivindicar un trabajo de calidad, con derechos dignos»
Embutidos Rodríguez tampoco ha informado de la evolución de la contratación en los últimos meses, como era el compromiso oficial, según CC OO. Todo ello «con la permisividad de la Junta», ya que la empresa «vulnera los acuerdos sin escrúpulo alguno, ni siquiera abrió la mesa de negociación acordada». El sindicato considera que, más allá del apoyo administrativo y sindical para recuperar el proyecto empresarial y los agradecimientos oficiales mostrados por la dirección de la empresa, «es hora de reivindicar un trabajo de calidad, con derechos y salarios dignos». Denuncia que más de 300 personas están en la situación denunciada como cooperativistas (un 75% de la plantilla) y advierte de que «el dinero público no puede convertirse en mejorar instalaciones y ampliar beneficios» si no se traduce también en empleo de calidad y con derechos.
Leonoticias.
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CCOO denuncia ante Trabajo las «precarias y peligrosas» condiciones laborales de la plantilla de Embutidos Rodríguez
El sindicato carga denuncia que la cárnica mantiene el modelo cooperativista pese al compromiso adquirido en la Fundación Anclaje para estudiar la reincorporación de los trabajadores tras el incendio
Así lo ha señalado el representante de CCOO Juan Manuel Ramos que ha advertido de que la actividad de la factoría –reconstruida tras el incendio de mayo de 2016- se ha iniciado con el modelo cooperativista, vulnerando así los acuerdos adoptados en el seno de la Fundación Anclaje.
Un modelo que, según se puso de manifiesto tras el incendio, se traduce en una grave desprotección de los trabajadores “que quedan en una grave situación de desamparo” y que además tiene en contra a la industria cárnica que ya en 2016 suscribió un documento contrario a la proliferación de estas cooperativas y a la condena de su práctica.
“El convenio estatal de las industrias cárnicas permite alcanzar la misma o incluso una mayor productividad y competitividad que puede ofrecer el modelo cooperativista. Si existe es por la avaricia y la usura de la empresa para evitar los costes de los trabajadores”, señaló Ramos.
Modelo “nefasto, precario y abusivo” que, denunció, cuenta con la permisividad de la Junta de Castilla y León cuando “ni si quiera han hecho cumplir el acuerdo de que al menos tres meses del reinicio de la actividad se constituya la mesa de trabajo en el seno de la Fundación Anclaje que dialogue y estudie las condiciones de la reincorporación de los puestos de trabajo”.
Elevadas cargas de trabajo y sueldos ridículos
Sin embargo, continuó Ramos, la incorporación de los primeros trabajadores se traduce en un trabajo precario sin calidad ni derecho, con cargas de trabajo muy elevadas, sin ningún control ni orden que está provocando las primeras bajas laborales. “Se les obliga a desarrollar trabajos a ritmos frenéticos lo que acarrea graves problemas de salud”.
A ello se suma, señaló durante una comparecencia este miércoles, que numerosos trabajadores han estado desempeñando su trabajo durante ocho días sin estar dados de alta a la Seguridad Social y los salarios “ridículos” que se han abonado en el mes de agosto, que rondan los 700 euros, es decir, sin alcanzar los mínimos establecidos en el convenio.
“Para más inri cuando cualquier trabajador opte por busca una alternativa laboral se les obliga a firmar un documento por el que renuncia a todos los derechos contraídos como cooperativistas. Nos parecen unas situaciones aberrantes y que el sindicato tiene la obligación de darlo a conocer a la opinión pública y que todo el mundo conozca el tipo de prácticas que se están sucediendo en Embutidos Rodríguez”.
Una situación que CCOO dará traslado a la Inspección de Trabajo para que abra una investigación a la par que solicitará una reunión a la Fundación Anclaje para instar a que Embutidos Rodríguez revierta de inmediato esta situación.
